En menos de cien días, el gobierno de Abelardo De la Espriella ha desatado una brutal ofensiva antisocial contra el pueblo trabajador. Con el pretexto de sanear las finanzas públicas, presentó al Congreso la “Ley de Rescate Económico”, una reforma tributaria que descarga el peso fiscal sobre los trabajadores y sectores medios para recaudar 40 billones de pesos anuales entre 2028 y 2030.
Aunque a última hora se retiró el IVA del 19 % a varios alimentos de la canasta familiar, este paquetazo sigue siendo profundamente lesivo. El proyecto mantiene el IVA a la medicina prepagada y grava con el 19 % el internet fijo de los estratos 1 y 2 —hoy exento, además de las bebidas azucaradas y licores. También elevaría el IVA de la gasolina del 5% al 19%. Asimismo, sube del 4 % al 5,5 % el aporte a salud para asalariados desde dos salarios mínimos y amplía la base de renta a quienes ganen cerca de 5 millones mensuales. A este golpe se suma el alza en tarifas de energía y gas.
En contraste, los grandes capitalistas recibirán generosas exenciones: su impuesto de renta bajará al 33% en 2027 y al 31% desde 2028. Además, se creará un régimen especial del 20% para nuevos inversionistas con estabilidad jurídica por 16 años. Gran parte de estos supuestos capitales extranjeros son fortunas de la oligarquía colombiana ocultas en paraísos fiscales para blanquear dinero del narcotráfico y economías ilegales.
Paralelamente, este régimen neofascista se ha subordinado al imperialismo y al Fondo Monetario Internacional (FMI), replicando el modelo de Javier Milei en Argentina y sometiendo la política monetaria y financiera al capital estadounidense. El anunciado empréstito de 15.000 millones de dólares (cerca de 50 billones de pesos), gestionado por el Ministerio de Hacienda bajo el mando de un pariente directo de Laureano y Álvaro Gómez Hurtado, hipoteca el futuro del país. En última instancia, la “Ley de Rescate Económico” responde a la banca internacional, destinando el rubro principal del nuevo presupuesto nacional ($155 billones) al pago de la deuda.
Como complemento, el Ejecutivo aplicará un drástico recorte al gasto público, otorgándose facultades por seis meses para suprimir y fusionar ministerios y entidades estatales, eliminando miles de empleos. Esto configura un ataque frontal contra los trabajadores estatales con años de servicio, sus sindicatos y la ciudadanía, que perderá servicios esenciales. En el ámbito educativo, la ofensiva apunta a su desfinanciación y precarización mediante el retiro forzado de docentes amparados en la compatibilidad entre pensión y salario, la entrega de colegios públicos a entidades privadas y religiosas, y la vulneración de la autonomía de las universidades oficiales.
El gobierno impulsa la privatización de empresas estratégicas como Ecopetrol e ISA, esenciales para la transición energética, los ingresos de la nación y los programas sociales, contando con la complicidad de dirigentes sindicales oportunistas (esquiroles) que traicionan las luchas de la USO. Esta política extractivista profundiza el ecocidio mediante la deforestación de la Amazonía, la especulación con bonos de carbono y la habilitación de la minería de oro en el páramo de Santurbán.
A esto se suma el lesivo Acuerdo de Barranquilla, un repudiable pacto secreto que vulnera la soberanía nacional al entregar a Estados Unidos información geológica privilegiada y ventajas sobre minerales críticos, omitiendo salvaguardas ambientales y debilitando la consulta previa. Así, se sacrifica el patrimonio estratégico para beneficiar a la industria militar estadounidense, entregando literalmente nuestros recursos a las corporaciones privadas norteamericanas a precio cero o a pagos irrisorios.
A este panorama se suma la corrupción descarada del “Fondo Milagro”, evidenciada en la falta de transparencia sobre las donaciones y los dineros públicos, así como en los escandalosos salarios de sus funcionarios, que contrastan con el cruel y absoluto abandono de los damnificados por el terremoto en parques y albergues improvisados.
Políticamente, De la Espriella se alinea con el sector más reaccionario de la burguesía estadounidense, representado por Donald Trump, Marco Rubio y las mafias de Miami. No obstante, la corriente MAGA sufrió un duro revés en las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, donde los demócratas recuperaron el Congreso impulsados por el auge de luchas sociales como el feminismo, Black Lives Matter y las protestas contra el ICE. Este debilitamiento de la ultraderecha global también se evidencia en la pérdida de las mayorías parlamentarias de Netanyahu en Israel y la derrota de Flavio Bolsonaro en Brasil. Sin embargo, es importante precisar que el progresismo dentro del Partido Demócrata estadounidense no representa una alternativa de fondo para los intereses de clase de los trabajadores y del pueblo, pues, aunque alivie temporalmente ciertos malestares sociales, deja intactas las estructuras imperialistas que oprimen históricamente al mundo.
A este escenario se suma el potente ascenso de movilizaciones sociales, obreras y juveniles en Europa: por la vivienda en España, la educación en Francia, derechos laborales en Italia, contra el servicio militar en Alemania, el desgaste ultraderechista en Hungría y el rechazo a los negocios de la familia Trump en Albania. Este ciclo de luchas apunta firmemente hacia una gran huelga general europea contra el desmonte del Estado de bienestar y la acelerada militarización de todo el continente.
Ahora, el gobierno actual de Colombia pretende instaurar una contrarrevolución cultural anti-ilustrada y neofascista mediante iniciativas como el "estatuto antiterrorista", la "ley de sometimiento” y las intenciones de acabar la JEP, buscando criminalizar toda protesta social y el pensamiento crítico. Estas propuestas representan verdaderas amenazas contra la convivencia, la universidad y la educación pública. Asimismo, las bases del PND divulgadas por Planeación Nacional —sustentadas en el "patriotismo", la "vida", la "familia", "dios" y la "seguridad"— constituyen pasos hacia el autoritarismo, la concentración del poder ejecutivo, la militarización universitaria y la creación de un clima de guerra y terror.
Este contexto global y la memoria viva del estallido social colombiano — Léase: Levantamiento popular de resistencias—, ratificada en la masiva movilización del 14 de octubre, constituyen la fuerza y el acumulado de luchas sobre los cuales debemos apoyarnos para frenar el proyecto ultraderechista y paramilitar de De la Espriella.
El 19 de noviembre representa una oportunidad para paralizar las actividades estatales, productivas y de servicios en todo el país, articulando las luchas gremiales y populares. Desde las universidades, barrios y territorios golpeados por la violencia estatal, trabajadores, campesinos y comunidades étnicas debemos fortalecer la organización de base mediante asambleas democráticas. El propósito inmediato es hundir la reforma tributaria, frenar el recorte de derechos y detener la criminalización de la protesta.
Sin embargo, la ofensiva ultraderechista no se derrotará con las salidas conciliadoras del reformismo, como la “desobediencia civil” del Pacto Histórico, la “oposición propositiva” de Iván Cepeda, o los cálculos electorales hacia 2027 y 2030. Únicamente una alternativa anticapitalista, antiimperialista, ecosocialista y antipatriarcal, dotada de un programa socialista, resolverá los problemas estructurales. Bajo esta perspectiva, los Núcleos Anticapitalistas convocamos a movilizarse este 19 de noviembre.
Nuestra plataforma exige el incremento del salario mínimo vital real para toda la población y la reducción de los mega salarios de los altos funcionarios del Estado (presidente, ministros, entre otros). Asimismo, demandamos estabilidad laboral en el sector público, la congelación de precios y tarifas, un plan de empleo juvenil, educación superior gratuita, salud pública universal, vivienda social prioritaria —que incluya a los damnificados del terremoto— y una reforma agraria radical que devuelva la tierra al campesinado y a las comunidades. Actualmente, el Gobierno recorta el presupuesto agrario, frena la restitución de tierras y favorece a las agroindustrias y petroleras. Detener estas políticas es urgente para proteger al campesinado, defender sus territorios y frenar el despojo rural.
Asimismo, estas reivindicaciones materiales resultan inseparables de la defensa de las libertades democráticas y del derecho a la protesta frente al proyecto de “Estatuto Antiterrorista” tramitado en el Congreso.
Retomando las banderas vigentes del estallido social, reafirmamos que resulta imposible humanizar el capitalismo, superar el patriarcado o salvar la naturaleza sin impulsar una profunda transformación revolucionaria de toda la sociedad.
¡Por la unidad de los que luchan, construyamos una dirección revolucionaria para los trabajadores y movimientos sociales!
Plataforma de Núcleos Anticapitalistas de Colombia.





