Artículos · Pensamiento crítico
El continuum securitario y la Pax Romana
Giovanni Libreros
“Puede dejarse a un lado la cuestión de si esta satírica inscripción, escrita en el rótulo de una posada holandesa en el que había dibujado un cementerio, interesa a los hombres en general, o a los jefes de Estado en particular, que no llegan nunca a estar hartos de la guerra, o exclusivamente a los filósofos, que anhelan ese dulce sueño”.
Kant, Sobre la paz perpetua (1795)
Así abre el filósofo de Königsberg su célebre opúsculo, con una ironía cuya vitalidad no se pierde con el tiempo. La anécdota recuerda el letrero colocado por un hostelero holandés en la entrada de su establecimiento; en él podía leerse «A la paz perpetua» justo debajo de la imagen sombría de un cementerio. La satírica escena encierra una doble crítica: interpela, por un lado, a quienes convierten la guerra en una condición casi natural de la política y, por otro, a quienes imaginan la paz como mera ausencia de conflicto, sin interrogar el orden sobre la que recae esa mortuoria quietud.
Aquella broma del hospedaje era simple, pero inquietante. Quizá la única paz verdaderamente duradera sea aquella en la que ya nadie pueda luchar, resistir o reclamar ¡La paz de los sepulcros! La imagen evoca la Pax Romana, una estabilidad imperial sostenida en la supremacía de Roma, la subordinación de los pueblos conquistados y el sofocamiento de sus rebeliones. No era la desaparición del conflicto, sino su sometimiento.
Aunque la ironía de Kant no remite directamente a esta historia, ambas imágenes permiten advertir una misma paradoja, es decir, una paz puede presentarse como estable y, sin embargo, descansar sobre la derrota, el silenciamiento o el aniquilamiento.
En este punto, la evocación adquiere una relevancia inmediata en el programa de la Patria Milagro. Allí, la seguridad figura entre cinco principios “innegociables” y se presenta como condición para “vivir y prosperar en paz”. La fórmula se radicaliza cuando adopta la «Pax Romana» y proclama que “la paz se impone con autoridad”, una doctrina que combina eliminación de objetivos de alto valor, fumigación aérea, bloques de búsqueda, un eventual “Plan Colombia II”, cooperación con Estados Unidos e Israel y tecnologías avanzadas de inteligencia.
Dos siglos después, la ironía del hostelero plantea una pregunta urgente para Colombia. Si la paz deja de ser el destino, entonces la cuestión pasa a ser otra. ¿Qué concepción de seguridad comienza a tomar forma? ¿Estamos ante una reedición de viejas doctrinas o frente a una mutación que incorpora nuevas escalas, prioridades y dispositivos? En otros términos, ¿qué hay realmente de nuevo en esta formulación?
En lo que sigue, avanzamos en dos movimientos. Primero, retomamos la distinción entre poder permanente y formas transitorias de gobierno para rastrear continuidades en la política de seguridad. Luego examinamos la mutación emergente, diferenciando lo heredado del repertorio securitario de aquello que amplía sus modos de intervención. Más que una ruptura absoluta, interesa mostrar cómo esa racionalidad se reorganiza y extiende sobre ámbitos cada vez más amplios de la vida social.
Lo permanente y lo provisional
En un artículo anterior propusimos distinguir entre gobierno permanente y gobierno provisional para señalar que la alternancia electoral no implica, por sí misma, una transformación de las relaciones de poder. El primero designa el entramado relativamente estable que atraviesa y sobrevive a los distintos ciclos presidenciales, delimitando el campo de lo posible y asegurando la continuidad del orden vigente.
El gobierno provisional, en cambio, corresponde a la dimensión visible y transitoria del poder. La administración electa ocupa las instituciones y gestiona la coyuntura, pero dentro de una correlación de fuerzas que la precede. En síntesis, mientras lo provisional gobierna por un tiempo, lo permanente condiciona sus márgenes de acción.
En este marco, solo el desarrollo en curso permitirá establecer en qué medida la “nueva derecha” logra integrarse al gobierno permanente o reordenarlo. Por ahora, interesa destacar una continuidad más profunda, expresada en la persistencia de la contrainsurgencia bajo lenguajes y modalidades distintos a lo largo de gobiernos con agendas diferentes.
En este sentido, algunas lecturas hablaron de un “progresismo contrainsurgente” para señalar que el cambio de gobierno no desmontó necesariamente la lógica del enemigo interno. Algunas lecturas sostienen que durante la presidencia de Petro permaneció buena parte de esa arquitectura, mientras otros análisis advierten presiones orientadas a fragmentar organizaciones armadas y disciplinar espacios sociales relativamente autónomos.
La cuestión, entonces, no es equiparar gobiernos ni desconocer sus diferencias, sino advertir que el gobierno provisional puede alterar doctrinas, prioridades o negociaciones mientras ciertas estructuras conservan su orientación antirrevolucionaria. Desde esta perspectiva, la Paz Total no clausuró el circuito securitario, sino que lo moduló. Esa continuidad permite preguntar ahora qué conserva, qué intensifica y qué transforma la política anunciada por Patria Milagro.
Nuestra hipótesis es que la contrainsurgencia pertenece al ámbito de lo permanente, mientras lo provisional remite a las formas históricas mediante las cuales se legitima y adapta. De una administración a otra no cambia necesariamente ese sustrato reaccionario, sino los lenguajes que lo justifican, las amenazas que adquieren centralidad y la combinación variable entre “poder duro” y “poder blando”.
El problema es que la crudeza con que la Patria Milagro reivindica la autoridad hace palidecer las formas más edulcoradas de la contrainsurgencia progresista. El riesgo está en confundir esa diferencia de intensidad con una ruptura y perder de vista sus continuidades sistémicas. Más que una escisión, estaríamos ante una modulación más explícita, punitiva y expansiva de una lógica profundamente arraigada en el “terrorismo de Estado”.
A modo de balance, la experiencia progresista no desactivó la guerra antiinsurreccional, sino que la reconfiguró mediante un dispositivo de paz reversible, donde negociación y presión militar operaron como recursos intercambiables dentro de una misma lógica de preservación del orden. Los diálogos quedaron así sujetos a una revocabilidad permanente, susceptibles de ampliarse, restringirse o suspenderse según la coyuntura. Más que una anomalía, esta tensión reveló uno de los límites estructurales de la Paz Total.
Con el inicio del gobierno de ADLE, esa reversibilidad parece desplazarse hacia una lógica de “tierra arrasada”. Sin embargo, reducir este giro a un retorno de la Seguridad Democrática ocultaría la mutación en curso. Si aquel modelo privilegió la recuperación territorial, el fortalecimiento militar y el golpe a las zonas de influencia guerrillera, el que ahora emerge amplía de forma sustantiva su campo de intervención.
En efecto, la amenaza ya no se concentra en territorios o actores armados, sino que se dispersa en un escenario tecnologizado y transnacional atravesado por distintas formas de macrocriminalidad. Más que un retorno de la seguridad uribista, asistimos a una ampliación del campo securitario que desdibuja las fronteras entre guerra, crimen organizado, narcotráfico y seguridad ciudadana.
Proponemos denominar esta reorganización reconquista multidominio. La noción alude a una expansión del securitismo más allá del control territorial, hacia espacios sociales, económicos e informacionales. Reconquistar significa aquí restablecer la hegemonía de clase sobre territorios rebeldes, barrios, economías populares, circuitos financieros, flujos de información y ámbitos de decisión estatal. Lo multidominio expresa, precisamente, esa ampliación del campo de control.
Para ello se articulan inteligencia anticipativa, persecución patrimonial, vigilancia tecnológica, dispositivos urbano-rurales y cooperación internacional dentro de la renovada guerra hemisférica contra el narcotráfico. Su novedad no radica solo en una mayor coerción, sino en la expansión de los ámbitos sometidos al dominio securitario.
Lo viejo y lo nuevo
Conviene precisar, entonces, qué hay de continuidad y qué de mutación en esta reconquista multidominio. Lo viejo reside, ante todo, en su sustrato contrainsurgente, visible en la restauración de la autoridad, la centralidad militar y la subordinación de territorios considerados problemáticos. En este sentido, la nueva doctrina prolonga una trayectoria que enlaza anticomunismo, guerra contra las drogas, Plan Colombia y paramilitarismo corporativo, todos ellos unidos por una operación común consistente en convertir la conflictividad social en amenaza de seguridad y habilitar, desde allí, formas excepcionales de intervención.
También pertenece a esa herencia la lucha antisubversiva, aunque su contenido haya variado. Durante la Guerra Fría estuvo encarnada en cualquier organización social sospechosa de servir de soporte a las guerrillas; más adelante, la guerra antidrogas superpuso al guerrillero el narcotraficante y el terrorista dentro de un mismo campo de amenaza que fue combatido de la mano con la motosierra paramilitar.
Más tarde, Uribe llevó esta lógica a su momento cúspide con la avanzada paraestatal, la ocupación militarizada, los desplazamientos masivos, el desgarramiento del tejido comunitario y la restauración del orden en aquellas zonas consideradas “fuera de la ley”. La premisa consistía era restablecer primero las condiciones de seguridad para luego desplegar las demás instituciones sociales. En términos simples, se trataba de aislar el territorio y asegurar sus perímetros como condición de gobernanza.
La reconquista conserva ese principio, pero amplía radicalmente su campo de intervención. La amenaza se vuelve dispersa y reticular, capaz de localizarse en una vereda, un puerto, una prisión, una transacción financiera, un barrio o una red digital. De allí lo multidominio, que ya no busca solo neutralizar fuerzas disidentes, sino controlar los flujos económicos, informacionales y sociales que las sostienen.
Este desplazamiento es decisivo. Si la vieja contrainsurgencia privilegió la ocupación territorial y el combate contra organizaciones identificables, la configuración emergente articula capacidades militares, policiales, judiciales, financieras, penitenciarias y tecnológicas. La inteligencia se proyecta así más allá del adversario armado, ampliando la intervención hacia comunidades, patrimonios, circuitos e infraestructuras sociales.
Esta mutación desdibuja los límites entre defensa y seguridad interior. Guerrilla, narcotráfico, minería ilegal, extorsión, criminalidad urbana o amenazas cibernéticas pueden integrarse en un mismo continuum securitario, pese a sus diferencias. Cuanto más se amplía el campo de la amenaza, mayor es el riesgo de extender tecnologías de guerra sobre la vida social y convertir la contrainsurgencia en una administración preventiva del riesgo.
La nueva política estrecha, además, el vínculo entre disciplina social y economía. Propiedad, inversión y crecimiento quedan subordinados a la neutralización previa de las “anomalías”, mientras la reducción del asistencialismo convive con el fortalecimiento coercitivo del Estado. La fórmula propone, así, un Estado más ligero frente al mercado y más robusto frente al conflicto, donde la seguridad opera como infraestructura de acumulación y garantía para la entrada de capitales en territorios estratégicos.
Por otro lado, se redefine la relación entre seguridad y paz. La seguridad humana había propuesto, al menos retóricamente, transformar las condiciones sociales de la violencia. La reconquista multidominio invierte esa secuencia al anteponer neutralización y control. La Pax Romana condensa este giro, pues la paz deja de depender de una solución dialogada y pasa a descansar en la capacidad de sometimiento estatal.
Como corolario, la reconquista multidominio no constituye, en sí misma, una doctrina inédita. Lo nuevo no sustituye lo viejo, sino que lo reorganiza, tecnifica y expande. Conserva el núcleo contrainsurgente, pero refuerza la “pacificación territorial”, su articulación hemisférica con la guerra contra las drogas y la ampliación de los espacios sometidos al control militar-tecnológico. Si antes se trataba de erradicar la violencia preservando el orden existente, ahora se proyecta gobernar mediante una extensión del dominio necropolítico. Allí radica su alcance y la razón por la cual no basta describirla como un simple retorno al pasado.
Que la Patria Milagro termine siendo un experimento efímero o logre sedimentarse como una realidad duradera dependerá, en buena medida, de la capacidad para recuperar las tareas emancipadoras aplazadas. Tras el eclipse de un progresismo crecientemente burocratizado, quizá haya llegado el momento de recomponer fuerzas, reconstruir horizontes y retomar el rumbo. Después de todo, los letargos prolongados también pueden anunciar grandes despertares.
Referencias
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Franco Restrepo, V. L. (2009). Orden contrainsurgente y dominación. Instituto Popular de Capacitación–Siglo del Hombre Editores.
Kant, I. (2005). Sobre la paz perpetua (J. Abellán García, Trad., 7.ª ed.). Tecnos. (Obra original publicada en 1795).
Libreros, G. (2026). El continuum bélico del capitalismo: una lectura desde Lazzarato y Alliez (II). Rebelión.
Libreros, G. (2026, 27 de junio). Gobernar sin permanecer. Rebelión.
Libreros, G. (2021). La necropolítica y el dilema de las garantías de seguridad. Revista Izquierda, (102), 33–43.
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Páramo, P. (2025, 10 de octubre). ¿Progresismo contrainsurgente en Colombia? Rebelión.
Páramo, P. (2025, 17 de noviembre). Contrainsurgencia progresista, ¿una nueva fase de terror? Rebelión.